A principios del 2007, la entonces ministra de Defensa de Chile, Vivianne Blanlot, entregó a la presidenta Michelle Bachelet un informe sobre la manera en que había funcionado hasta la fecha la denominada Ley Reservada del Cobre, instaurada durante el gobierno militar, y que destina a las FF.AA. el 10% de las ventas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para compra y mantenimiento de armamento.El documento planteaba algunas modificaciones a la ley. Un año antes, la propia Blanlot había dicho que era necesario cambiar o derogar la norma, puesto que el sector Defensa no estaba gastando todo lo que recibía.La idea inicial, y la exigencia de los altos mandos militares, fue la de consolidar un sistema de financiamiento estable a largo plazo, y no depender de que ingrese más o menos dinero cada año producto del cobre.Sumados los reportes anuales hechos por Codelco, en los últimos ocho años el sector ha recibido US$6.272 millones para compra y mantenimiento de armamento. Hasta el 2007, una publicación periodística aseguraba que, de todo el fondo, se había gastado un poco más del 55%.