La depredación que se está perpetrando impunemente en Madre de Dios configura un delito ecológico inadmisible que tiene que frenarse y sancionarse ejemplarmente. Y es que nuevamente la irracional y lesiva explotación aurífera, principalmente artesanal e informal, ha arrasado por lo menos 150 mil hectáreas de bosques, en una Amazonía ya deforestada, cuyas reservas de flora y fauna tienen que cautelarse con el mismo celo con que hoy se extrae el oro de su subsuelo.Nada de eso parece importar a las autoridades nacionales, regionales y municipales, miopes y cortoplacistas en las tareas de mantener el equilibrio ambiental, de impedir la afectación a recursos naturales y de garantizar que estén al alcance de las generaciones futuras, sobre todo ante las amenazas del calentamiento global y el cambio climático. Es más fácil hacerse de la vista gorda en esta tierra de nadie en que se ha convertido Madre de Dios, un departamento cuyos pobladores querían abandonar hace años ante la abrumadora ausencia del Estado.La sensación de abandono y desamparo es ostensible; la autoridad brilla por su ausencia. De otra manera, nada explica la insultante proliferación de concesiones auríferas -2.800 en total, entre las tituladas, las caducas y las que están en trámite- ni la ampliación de las zonas de explotación de oro, ubicadas cerca de la carretera Interoceánica, en las márgenes de los ríos o donde antes había árboles. Tampoco la sospechosa inacción e indiferencia del Ministerio de Energía y Minas y del propio gobierno regional para impedir el funcionamiento de campamentos mineros que no han cumplido siquiera con realizar los elementales estudios de impacto ambiental, pese a las ingentes cantidades de mercurio que utilizan y que terminan en los ríos, donde han comenzado a desaparecer varias especies. A ello sumemos la exclusión y crisis sociales, que afectan a menores de edad envueltos en casos de explotación laboral y prostitución.Las fotos que publicó ayer El Comercio sobre lo que sucede en los poblados de Guacamayo, Delta 1 y Huepetuhe, son impresionantes. Delatan inoperancia y retraso, pero también impunidad ante la catástrofe ecológica y social que se permite en Madre de Dios. Deberían ser pruebas suficientes para que el Gobierno, a través de sus diferentes ministerios -incluyendo el del Ambiente- tome cartas en el asunto y exija sanción para los delitos denunciados, porque los daños perpetrados son irreparables.Una política orientada a frenar estos problemas demanda que el gobierno regional haga su parte, aunque, como ha adelantado la Defensoría del Pueblo, carece de recursos para cumplir con las responsabilidades que en este terreno minero le ha transferido el Gobierno Central. Ahora bien, no se trata solo de recursos, sino de una política preventiva, que actúe técnicamente y que consolide canales administrativos, reguladores y judiciales para encontrar soluciones expeditivas.El Estado Peruano no puede seguir de brazos cruzados ante el avance de la deforestación, la depredación y el resto de delitos graves e inhumanos que se perpetran en Madre de Dios. En el plano ambiental, seguimos caminando en sentido contrario al resto del mundo, que lucha de manera intensiva contra la peligrosa contaminación que el hombre ha generado.