El Ministerio de Energía y Minas (MEM) está dando malas señales sobre la concordancia que debe existir entre las políticas energética y ambiental, lo que exige un deslinde al más alto nivel del Gobierno.Sobre Doe Run, el titular del sector, Pedro Sánchez, ha tenido una intervención principal en el plan de salvataje de la empresa, que no compromete fondos del Gobierno. Sin embargo, a renglón seguido ha dejado abierta la posibilidad de una nueva ampliación del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA).Allí no terminan los fallas de la política ambiental. En Talara, mientras Osinergmin fijó como plazo el mes de junio para que las petroleras hagan las inversiones necesarias para reinyectar el gas metano o aprovecharlo de alguna forma, el MEM pretende ahora ampliar el plazo por dos años más. Y, en otros lugares del país, sobre todo en zonas mineras, el control ambiental sigue siendo laxo o inexistente.Tal permisividad es excesiva e inaceptable. Aparte de la escandalosa y reciente historia de incumplimientos del PAMA por parte de Doe Run, no se puede aceptar que el polémico salvataje empresarial se haga a costa de seguir envenenando a miles de niños y pobladores inocentes. La Oroya tiene que dejar de ser una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, lo que pasa por obligar a la empresa a adecuar sus estándares ambientales. ¿Permitiríamos un nivel de contaminación tan criminal en una fábrica ubicada en Lima o sus cercanías? ¿Acaso hay aquí otra grosera forma de discriminación y exclusión contra nuestros compatriotas de las zonas rurales, ya bastante golpeados por la pobreza y otras carencias?En el caso de Talara, se da la peligrosa paradoja de que el gas metano que se libera al ambiente (unos 100 millones de pies cúbicos diarios) es uno de los que más contribuye al temible efecto invernadero, pero, bien usado podría servir para instalar una planta petroquímica o termoeléctrica. Claro que esto último exigiría inversiones adicionales que han sido postergadas una y otra vez de modo irresponsable y ante lo cual el Gobierno no ha tenido una posición firme.Hay, en el fondo de todo esto, una incongruencia gubernamental que no puede continuar. Como lo hemos reiterado más de una vez, promovemos y saludamos la inversión minera y petrolera que da trabajo y dinamiza la economía nacional, pero siempre y cuando no afecte el equilibrio ecológico, la salud y menos la vida de la población. El Gobierno tiene que acabar con este divorcio y enfrentamiento entre las políticas ambiental y energética, lo que puede sentar precedentes peligrosos. Por lo mismo, hay que exigir la aplicación estricta de los PAMA y establecer un sistema nacional de gestión ambiental para fomentar la responsabilidad social y empresarial. Ello demanda a su vez un mayor acercamiento entre los titulares, las agendas y los cuadros técnicos del MEM y del Ministerio del Ambiente, y el respeto de la autonomía de Osinergmin.(Edición sábado).