Cuando mañana se reúnan los voceros de las diferentes bancadas parlamentarias para definir la agenda temática de la próxima plenaria del Congreso tendrán en sus carpetas una novedad legislativa: la adecuación de nuestro Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.Se trata del dictamen aprobado multipartidariamente por la Comisión de Justicia del Parlamento con la finalidad de que nuestra legislación castigue los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura y ejecución extrajudicial, tal como lo señalan los parámetros internacionales fijados desde 1998 por la mencionada Corte Penal Internacional.Así, el que incurra en genocidio -entiéndase matanza de miembros de un grupo social, lesiones graves o trabajo forzado de los niños o niñas a otro grupo- recibirá una pena no menor a 20 años.