La caída de la recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV), que ya ha empezado a registrarse, afectará los ingresos de los municipios en todo el país por cuanto el Gobierno transfiere una parte del mencionado monto al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Como señalamos en esta columna el pasado 3 de marzo, la menor recaudación tributaria se veía venir y también impactará en otra fuente de ingresos relevante para los departamentos: el canon. Independientemente de las medidas que el Gobierno implemente para evitar que los departamentos vean mermados sus ingresos fiscales en un año complicado, como por ejemplo la ejecución del Plan de Estímulo Económico, es imperativo que se ponga en debate la estructura del canon y se busque la manera más eficiente de administrarlo y distribuirlo. El canon es generado por el Impuesto a la Renta (IR) que pagan las empresas que extraen y procesan recursos naturales (minería, petróleo, gas, etc.) y es transferido a los gobiernos regionales y locales donde se ubican las operaciones, lo que significa que no todos se benefician con esos ingresos. Este es el primer defecto del esquema, pues los recursos naturales le pertenecen al Estado y no a los departamentos; mucho menos a los gobiernos regionales o locales. Por tanto, los fondos del canon deben distribuirse más equitativamente a todos los departamentos y municipios. También debe remediarse esa especie de "premio al menor esfuerzo" que esconde este esquema y que se evidencia en la escasa capacidad de recaudación que tienen los gobiernos regionales y locales que reciben canon. Así como se exige al Ejecutivo que cumpla con transferir esos recursos, quienes se beneficien del canon deberían mostrar una mejora en la obtención de ingresos propios (incluso podría condicionarse la transferencias a dichos logros). Asimismo, la eficiencia en el uso de los recursos fiscales es otro asunto sobre el que no dejaremos de insistir. Por último, el Gobierno tiene que asegurarse que el canon deje de ser una especie de tesoro codiciado por todos. Una reciente propuesta para destinar el 5% de ese fondo a las Fuerzas Armadas puede ser razonable, pero demuestra que el canon requiere de un marco legal que establezca claramente cuáles son sus objetivos y a quiénes beneficia.