No es correcto que los fujimoristas ni los antifujimoristas se enfrasquen en un abierto enfrentamiento ante el fallo que en transcurso del día emitirá la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el proceso a Alberto Fujimori. Lo cierto es que si en algo están todos de acuerdo es en que el juicio ha sido conducido esencialmente de manera imparcial y ejemplar por los doctores César San Martín Castro, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga. Lo que corresponde ahora es acatar el fallo con que hoy concluye esta fase del proceso en la que el tribunal, después de 16 meses de labor ininterrumpida y pública, cumplió con la lectura de las pruebas, la presentación de los peritos y de los testimonios de los involucrados, y permitió a las partes exponer sus alegados, incluyendo al propio inculpado. Sea condenatoria o absolutoria, la fiscalía así como los abogados de la defensa y los de las víctimas pueden, como se prevé, impugnar la sentencia y acudir a la segunda instancia. Por eso, resulta insólito que la defensa y el entorno de Fujimori -que en más de una ocasión reconocieron la eficiencia del tribunal y el tratamiento justo dado al caso para garantizar el debido proceso- pretendan a última hora desestimar no solo la idoneidad de los jueces sino la validez indiscutible de sus fallos en los cargos que se imputan al ex presidente por la siniestra participación del grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta, así como en los secuestros en los sótanos del SIN del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Desde el momento mismo en que Fujimori fue detenido, en noviembre del 2005, y fue sometido a la competencia de la extradición en setiembre del 2007, sabía perfectamente que habría una sentencia que podrá ser apelada, pero que lo involucra -según el Ministerio Público- como autor mediato por dominio de un aparato de poder que perpetró delitos contra los derechos humanos. Lo que no puede hacer el fujimorismo es alentar la confusión. Solo la incoherencia e intolerancia pueden ocasionar que amenace nervioso, compulsivo y visceralmente con salir a las calles para protestar en caso la sentencia le sea adversa. "No aceptaremos un fallo prevaricador que condene a Fujimori", han expresado miembros de la bancada fujimorista, montando un circo mediático que, durante el proceso judicial, atribuyeron a la fiscalía. También acusaron a la prensa de encabezar un juicio mediático, como si los medios fueran tribunales y no voceros de una opinión pública que, como señalan las encuestas, ya tiene una posición formada. Estas críticas reflejan poco respeto a esa democracia que más bien tocó a los medios defender en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Un comportamiento de este tipo resulta descabellado e inconcebible, más aun en congresistas que, en lugar de acatar las decisiones judiciales, juegan al proselitismo o soliviantan a las masas, las cuales, como tales, pueden protagonizar conatos de violencia con resultados reservados. De cualquier modo, son ellos los que asumirán la responsabilidad por esos hechos. Las movilizaciones a favor o en contra del inculpado son explicables, pero resultan inadmisibles cuando atentan contra los derechos de los demás, o cuando pretenden boicotear los fundamentos jurídicos, plenamente sustentados por la fiscalía, en un proceso que muchos pretendieron politizar infructuosamente. Nuestro país estará hoy más que nunca en el ojo de la atención internacional. Permitamos que la justicia peruana, tantas veces cuestionada, demuestre su imparcialidad e independencia.