La Defensoría del Pueblo invocó ayer a la Presidencia del Consejo de Ministros a que priorice la salud de las personas afectadas por la contaminación en La Oroya. En un documento dirigido al primer ministro Yehude Simon, se exhorta al Gobierno a adoptar medidas efectivas y a que se realice una fiscalización de las obligaciones a cargo de la minera Doe Run.