Informaciones recientes han dado a conocer lo deficitario de los beneficios sociales que recibe el personal policial y de las Fuerzas Armadas, desde sueldos hasta las prestaciones de pensiones y de salud. Estas falencias son peligrosas y deben resolverse cuanto antes porque colocan a los uniformados por debajo del resto de ciudadanos, de los ingresos que se dan en el ámbito civil, lo cual crea diferencias injustas, pues en ambos ámbitos de la sociedad, el militar y el civil, deben hacerse efectivos los mismos derechos y deberes económicos. Como hemos señalado en otras ocasiones, los miembros de los institutos castrenses y policiales no son ciudadanos de segundo nivel. Gozan de las mismas prerrogativas y obligaciones de los civiles, más valoradas aun que las de estos, ante las delicadas responsabilidades que les asigna la Constitución, de preservar la seguridad nacional en el frente externo e interno. Sin embargo, poco se ha hecho para mejorar su nivel de vida, garantizar mecanismos que permitan premiar su eficiencia, sin interferencias de ningún tipo, según orden de méritos y el escalafón, y fiscalizar el manejo de recursos e inversiones de los institutos armados en beneficio de sus propios miembros. En el 2005, se formó un comité multisectorial integrado por los ministerios del Interior y de Defensa, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Presidencia de Consejo de Ministros. La misión era estudiar un aumento en los ingresos del personal militar y policial, para acercarlos a los que ya entonces percibían las Fuerzas Armadas de otros países vecinos. Hoy los sueldos que se perciben en nuestro medio son los más bajos de la región. Basta revisar el cuadro de remuneraciones del personal militar y policial para apreciar los desbalances que existen no solo de un grado a otro, sino respecto de la canasta familiar. De no ser por los desembolsos adicionales, como los cuestionados pagos por combustible, los haberes líquidos se reducirían considerablemente. Se necesita promulgar medidas que hagan más transparente la política de sueldos o que permitan ajustarlos en el caso de los oficiales con mayores responsabilidades y riesgos, en el manejo de recursos y del personal que está a sus órdenes. El Gobierno Chileno, por ejemplo, acaba de ajustar las remuneraciones de su personal castrense, en un promedio del 12,7% y, paralelamente, ha entregado un incentivo económico para retener a los más calificados pilotos de guerra, comandos, montañistas y buzos, a fin de evitar su migración hacia el sector privado. Esta medida tiene una razón indiscutible. El Estado gasta mucho dinero, por ejemplo, en la formación de un piloto de guerra para pagarle después un sueldo que puede ser apenas la décima parte que podría obtener en la aviación civil. Evidentemente, el problema no se restringe solamente a los presupuestos, también se requiere profesionalizar a nuestros militares, establecer una estructura menos piramidal con una cúpula más pequeña que garantice contar con un sector medio mayoritario y más preparado para responder a las necesidades de la institución y del país. Pero empecemos por adecuar los presupuestos a los objetivos de la defensa que necesitamos, ordenando y otorgando sueldos más justos y transparentes. Igualmente, debe revisarse el sistema de prestaciones de salud para garantizar que los servicios dispongan de los recursos suficientes, de médicos, medicinas y equipos de un modo adecuado. Nada justifica, como se ha denunciado, que en el caso de la FAP su presupuesto de salud haya bajado de 18 millones de soles a 7 millones de soles, del 2008 al 2009, para atender a unas 50 mil personas. Finalmente, el país necesita saber qué pasó con la reestructuración de la Caja de Pensiones Militar-Policial. Los aportes que los uniformados hicieron a ese fondo no pueden seguir a la deriva o en un misterio que se presta a múltiples suspicacias.