La solución a la "minicrisis" de Doe Run Perú vino de donde tenía que venir: del sector privado. Hizo bien el Ministerio de Economía y Finanzas en no ceder a las presiones que desde algunos sectores del propio Ejecutivo recurrían a argumentos de tipo laboral y social para que el Estado avale un crédito a la empresa por US$ 75 millones, cuando finalmente la solución permitió que sus proveedores aprueben más que esa suma, US$ 175 millones en total. Se debe, pues, destacar la posición del MEF, que se opuso a comprometer recursos del Tesoro Público en una operación de financiamiento particular. También es posible inferir que si Doe Run Peru, será apoyada por sus proveedores es porque estas empresas mantienen una posición financiera sólida -pues de otro modo no lo hubieran hecho-, lo que demuestra que pese a que los últimos meses del 2008 fueron críticos, el sector minero mantiene su fortaleza. Si bien es cierto que la empresa en cuestión, de capitales estadounidenses, tiene un peso considerable en la economía de Junín, otras mineras tienen similar influencia en las economías de departamentos como Moquegua, Cajamarca e incluso Arequipa, Tacna y Cusco, pero ninguna de ellas ha recurrido al Estado para solucionar sus problemas de caja. Si el Gobierno hubiera dado su brazo a torcer, se hubiese creado un precedente peligroso, pues otras empresas se habrían sentido con el mismo derecho de solicitar dinero del Fisco para salir de apuros. Un asunto que ha distinguido a Doe Run Perú desde que adquirió el complejo de La Oroya, en 1997, es el incumplimiento de sus compromisos ambientales, y en ese aspecto el papel del Estado no ha sido lo suficientemente estricto. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha aprobado en más de una ocasión la postergación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa (el último plazo vence en octubre de este año). Así como el MEF ha sido firme para evitar comprometer recursos públicos, esperamos del MEM una actitud similar, pues el daño que las operaciones de la minera están causando en La Oroya está afectando a la población y al medio ambiente. Tengamos presente que esos recursos son más trascendentales que los financieros, así que habrá que estar vigilantes de las próximas decisiones del Ministerio de Energía y Minas.