Autor: Gianfranco Castagnola Cuando salieron a la luz los serios problemas financieros de Doe Run, se especuló con que el Estado garantizaría sus deudas para evitar el impacto social que tendría la paralización de la refinería en la ciudad de La Oroya y en la minería del centro del país. Ello habría sido un grave error: al Estado no le corresponde realizar salvatajes de empresas privadas que se quedan sin financiamiento. Correspondía al propio sector privado, es decir, a las empresas directamente interesadas -en este caso, las proveedoras del mineral para la refinería-, encontrar una solución. Y, felizmente, así ha sido. Son estas las que asumirán el riesgo del financiamiento. De paso, se obliga al accionista de Doe Run a que capitalice una deuda de una empresa vinculada. El MEF cumplió un eficaz rol de facilitador en esta negociación. Ahora esperemos que se dé otra solución razonable al tema ambiental, donde el track record de la empresa deja mucho que desear. (Edición sábado)