La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de involucrar a los líderes políticos de diferentes tendencias en una campaña de difusión que explique al resto del mundo los argumentos que sustentan la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya es sumamente relevante y necesaria. Y es que, paralelamente a las acciones jurídicas que el Estado Peruano ha desarrollado con toda diligencia, acordes con el derecho internacional, también se requiere convocar la participación de un respaldo diplomático que no solo contribuya a dilucidar las interrogantes que puede generar el contencioso con Chile, sino a enfrentar la desinformación que algunos agentes externos podrían enarbolar. No es la primera vez que nuestro país emprende este esfuerzo. Recuérdese que apenas iniciado el conflicto con el Ecuador, en 1995, y cuando las negociaciones de los países garantes no prosperaban, la cancillería formó unas misiones especiales integradas por un equipo de historiadores, juristas, diplomáticos y periodistas del más alto nivel que cumplieron un amplio periplo para llevar a la opinión pública internacional información completa y, sobre todo, seria sobre la tesis peruana frente al problema en la frontera norte. Sería largo enumerar a todos los peruanos destacados que participaron en esa tarea, pero baste señalar que visitaron Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Panamá y México, así como algunos países de América Central. También Estados Unidos y Canadá, mientras que en Europa se entrevistaron con personalidades del Vaticano, Italia, España, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Francia. Las rondas que emprendieron estos profesionales e intelectuales de solvencia ética y credibilidad constatada fue muy valiosa y contribuyó a un cambio en la percepción del conflicto peruano-ecuatoriano. Ellos actuaron no como representantes oficiales del Gobierno, ya que la mayoría no pertenecía a las filas del fujimorismo, sino como voceros del Estado Peruano, con la suficiente autoridad y capacidad de interlocución como para esclarecer asuntos por demás incontrovertibles, al amparo de los dosieres que preparó entonces la cancillería. A diferencia de aquel proceso, en el que estos embajadores tuvieron que trabajar cuando incluso se había producido infiltraciones castrenses en el territorio peruano, hoy la situación sería mucho menos tensa. De lo que se trata es que lleguen a las más altas instancias: desde gobiernos y congresos, hasta instituciones jurídicas y académicas, y de la sociedad civil. La cancillería debería repetir la experiencia de esa misión, y actualmente no solo invitar a los líderes políticos de cualquier filiación, sino también a personalidades versadas en el tema que pueden contribuir al diálogo y enfrentar cualquier cuestionamiento sobre el particular. También deberían integrarse los miembros permanentes de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores y ex cancilleres diplomáticos de profesión. Después del documento que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la delimitación marítima, con la demanda peruana presentada en La Haya, entre otros instrumentos jurídicos, es necesario proseguir con la difusión de nuestra causa que no tiene otra finalidad que ponerla al alcance de la opinión pública internacional. Obviamente, para el envío de esas embajadas especiales, la cancillería vería el momento propicio.