La Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) ha puesto la mira en uno de los sectores que generan grandes flujos en la cadena de pagos: comercio y servicios. Al parecer, son muchos los establecimientos que no emiten comprobantes por el consumo que sus clientes efectúan y la Sunat ha analizado que la mejor forma para detectar la resultante evasión al Impuesto General a las Ventas (IGV) es aplicando una retención sobre el monto de cada transacción efectuada con tarjeta de crédito. La propuesta resulta interesante, puesto que permitiría reducir la evasión en el sector, tanto del IGV como del Impuesto a la Renta, ya que las empresas se verían forzadas a declarar todos los ingresos que obtienen por sus ventas con tarjetas de crédito. También resultaría en una ampliación de la base tributaria y se incorporaría a contribuyentes que efectivamente cumplirán con su obligación tributaria. En vista de que la medida todavía no ha sido presentada al Ministerio de Economía (MEF), existen ciertos detalles que merecen afinarse para optimizar su impacto. En primer lugar, se debe reiterar que la retención no será un nuevo impuesto y asegurarse de que su porcentaje sea mínimo, ya que de lo contrario podrían afectarse las transacciones con ese medio de pago. Asimismo, la Sunat debe tomar en cuenta que la falta de difusión de la retención y la forma en que sería aplicada podrían poner en riesgo el sistema de tarjetas de crédito, pues los establecimientos podrían diferenciar sus precios (con o sin tarjeta), o en el peor de los casos, aceptar únicamente pagos en efectivo. La falta de difusión es uno de los talones de Aquiles de la Administración Tributaria. Es innegable que la Sunat ha venido introduciendo mejoras que facilitan la declaración y pago de impuestos, pero la ausencia de una cultura tributaria es argumento suficiente para demandarle una comunicación más eficiente. Por ejemplo, la información sobre los resultados de medidas como la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) o la fiscalización a los profesionales independientes es casi inexistente. Si los contribuyentes no comprueban que hay avances en ese sentido, no se preocuparán por exigir comprobantes de pago por las compras que realicen.