La jueza Rosario Alfaro emitió una orden de primera instancia que instruye a las autoridades de salud a que frenen las emisiones tóxicas en La Oroya, donde opera la planta metalúrgica de Doe Run. "Después de años de juicio, recién se ha emitido la sentencia a nivel de primera instancia", señaló Carlos Chirinos, abogado de la Sociedad Peruana por el Derecho Ambiental."Es muy posible que el Estado peruano pueda apelar. Pero digamos que es una resolución muy, muy importante, agregó.En su decisión del 7 de abril, la jueza Rosario Alfaro citó varios estudios sobre los efectos de plomo, arsénico y cadmio en la salud de las 30,000 personas que habitan en La Oroya, una población enclavada en las alturas del sector central de los Andes. (Edición domingo).
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