La Quinta Fiscalía Provincial de Piura entabló una denuncia penal contra algunos miembros de la Policía Nacional que participaron en el secuestro y tortura de 29 comuneros en el campamento minero de Majaz, en agosto de 2005.El titular de dicha fiscalía, Juan Ortiz Arévalo, resolvió formular una acusación contra un grupo de agentes del orden, liderados por el oficial Aurelio Terrones Valladolid, por el delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, en agravio de los campesinos. La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) consideraron insuficiente la denuncia por no haber tomado en cuenta a los autores intelectuales del hecho. Ambas organizaciones manifestaron que debieron estar comprendidos en el expediente los altos mandos de la PNP que dirigieron la operación, los médicos legistas de la Fiscalía de Huancabamba, funcionarios de la empresa de seguridad Forza y los directivos de Majaz.