El adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, recordó ayer que la minería artesanal es una actividad que acompaña al país por siglos y que solo recientemente se han iniciado esfuerzos por resolver este problema. Concretamente, desde el 2002, cuando se dictó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a fin de fomentar su formalización y reducir los incentivos a la ilegalidad. "En un escenario de pocas opciones económicas, el alto precio del oro genera fuertes incentivos en los pobladores para dedicarse a la minería aurífera, muchas veces en condiciones de extrema inseguridad", indicó.Según información del Proyecto Gestión Ambiental de la Minería Artesanal (GAMA), hay 50.000 familias directa o indirectamente involucradas con esta actividad y son unos 40.000 los mineros artesanales.