Dotar al país de una ley del agua, como la que acaba de aprobar el Congreso en primera votación, es cumplir con una deuda largamente postergada por los últimos gobiernos.Y es que desde hace varios años el país ha demandado una norma que dé valor, proteja y conceda derechos reales a nuestros recursos hídricos, no solo para contribuir al desarrollo de un agro moderno, sino para acelerar los flujos de inversión hacia el campo.Aun más, ante el incierto futuro del agua frente al cambio climático y el calentamiento global, una ley de este tipo tiene que atender una serie de acuciantes problemas relacionados con la necesidad de los trasvases de la sierra a la costa, para fines industriales y de riego; y el agotamiento de algunas fuentes naturales y el manejo ineficiente del subsuelo, con las consecuencias que esto acarrea en el consumo a través de la red potable, sobre todo en los entornos urbanos. Como se adelantó en la Cuarta Audiencia Regional de El Comercio, realizada en el 2005, tan importante legislación debe tener una visión amplia y atender las necesidades de las diferentes realidades costeñas, serranas y amazónicas.Es claro que con esta ley se ha dado, pues, un paso importante para empezar a crear conciencia ciudadana respecto de un recurso vital, pero agotable. Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo, si reconocemos las tareas pendientes en materia de contaminación y disponibilidad de las fuentes, así como en lo que concierne a su administración regulada e inteligente. Qué decir del financiamiento de los proyectos acuíferos pendientes y su reactivación, el déficit del agua y sus altos costos que perjudican sobre todo a los más pobres, la ampliación de los servicios, el despilfarro del recurso en la ciudad y en el campo porque simplemente no se paga por lo que se consume.Por lo pronto, un tema que tendrá que definir es si la Autoridad Autónoma del Agua (ANA), cuyo funcionamiento establece el proyecto de recursos hídricos, operará en el ámbito del Ministerio de Agricultura o en el del Ministerio del Ambiente. En principio, como ha adelantado el ministro Antonio Brack Egg, esa tarea le correspondería a su sector, que atiende los conflictos que se suelen suscitar entre gobiernos regionales o locales.En cuanto a la ANA, es una buena noticia que en su directorio participen representantes de los usuarios, de las comunidades nativas, de los consejos consultivos regionales y locales. Finalmente, la realidad ha demostrado que la administración de este escaso recurso exige una política nacional y de Estado, que se gestione técnicamente y esté menos sujeta a los vaivenes de las distintas instancias de gobierno.En lo mediato, es igualmente positivo que la aprobación de esta ley, como reconoció el ministro Carlos Leyton, haya servido para que la junta de usuarios de riego levante el paro de agricultores, hasta que el Ejecutivo promulgue la norma. Evidentemente, se ha entendido que hay interés para empezar a mejorar la gestión de los recursos hídricos, señalar las responsabilidades que alcanza a las diferentes autoridades e incentivar una relación más positiva con los usuarios.