El miércoles se publicó el Decreto Supremo 008-2009-PCM por el cual el presidente solicita se convoque a una legislatura extraordinaria a fin de aprobar la moción de orden del día 6726. Mediante ella se constituye una comisión investigadora sobre la transferencia de la empresa Petro-Tech, para verificar su legalidad y las responsabilidades que se desprenden de ella, así como las posibles vinculaciones con la red dedicada al espionaje de las comunicaciones.El jueves 12 el Congreso acordó constituir una comisión para investigar las razones de la venta de las acciones de la empresa Petro-Tech y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado, por 60 días.Como se desprende al comparar el texto del decreto supremo y la tarea encargada a la comisión investigadora, se habría aprobado una materia distinta de aquella solicitada por el Ejecutivo. El Congreso tiene dos meses para investigar qué llevó al accionista de Petro-Tech a vender sus acciones; si hay alguna pérdida de tributos derivada de esta operación; si se ha respetado la legislación societaria vigente; y, mucho más vago y difuso, otras contingencias relacionadas a los contratos celebrados entre Petro-Tech con instituciones del Estado.Estas preguntas, realizadas desde el Congreso, deben ser analizadas por la comisión. ¿Por qué se vendió Petro-Tech? No lo sabremos nunca y cualquier especulación es válida. Eso solo lo sabe quien vende y, en cualquier caso, es un tema estrictamente privado y es difícil que sea cuestionado sobre todo si, como parece, no se requería de autorización previa del Estado para la venta.Dado que la ganancia de capital que se pudiese generar en una transferencia de acciones realizada en bolsa en el Perú está exonerada del pago de impuestos, y presumiendo que esta transferencia se hubiese hecho a través de la Bolsa de Valores de Lima, no habría en esta operación un perjuicio para el fisco. Además, cabe recordar que no se han vendido acciones de Petro-Tech, sino de su matriz fuera del país. En el campo societario se aplica la misma lógica: la transferencia no ha sido realizada en el Perú y, por tanto, no habría implicancia alguna, pues los accionistas de Petro-Tech siguen siendo los mismos.El tema de estudio para el Congreso se centrará en la revisión de los contratos entre Petro-Tech y el Estado, a saber, Perú-Petro, contraparte de Petro-Tech en los contratos petroleros. Este trabajo puede ser realizado por Perú-Petro que, como contraparte, señalará incumplimientos si los hubiese, usando las vías contenidas en los contratos. Si hubiese alguna multa a ser impuesta por Osinergmin, esta entidad deberá accionar contra Petro-Tech.En suma, existen las herramientas para proteger los intereses del Estado en los contratos y en las normas administrativas y regulatorias. La persona jurídica sigue existiendo y Petro-Tech deberá seguir respondiendo ante el Estado. Veremos qué sucede, Cecilia Blume, CB Consult Perú.