Una vez más, la legalidad ha sido rota en el país, y en esta ocasión por el propio presidente de la República, quien al promulgar la ley que formaliza la invasión de predios privados, ha oficializado la inconstitucional expropiación de predios invadidos hasta diciembre del 2004. Una vez más, se ha apelado al argumento de la "necesidad pública" para poner en marcha un proceso que castigará a propietarios legales de predios, grandes y pequeños, y generará que otras miles de personas invadan terrenos bajo la esperanza de que en pocos años el Estado declare una nueva moratoria, como lo ha hecho ahora.Nos preguntamos dónde quedó la prédica de respeto a la propiedad privada, amparada por la Constitución del Estado, que, como se sabe, no puede ser transgredida por una norma de menor rango, en este caso una ley.Este punto es esencial tener en cuenta, sobre todo porque el país requiere dar palpables señales de respetar el orden establecido por la Carta Magna, y de esta manera generar garantías para los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, y para el ciudadano común y corriente.Y es que la Constitución es el único instrumento legal que no puede ser interpretado, salvo por el Tribunal Constitucional. De esta manera, se debe respetar escrupulosamente el artículo 70, que declara que "el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada".Este último punto da pie a demandar a que la autoridad explique de dónde tomará los fondos para pagar las indemnizaciones justipreciadas que ordene el Poder Judicial. Acaso el Poder Ejecutivo quiere ponerse en el límite en el que lo han colocado los fonavistas que reclaman el pago de los aportes que hicieron durante muchos años.Pero, además, se contribuirá al desorden y a la violencia callejera, cuando alguna de las invasiones que existen en el país no se vea en la lista de beneficiarios que deberá anunciar el Ministerio de Vivienda, en coordinación con Cofopri y los municipios. El Estado ha dado muestra de carecer de políticas de largo plazo para contribuir a remediar los problemas que aquejan a los más desposeídos.
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