En octubre de 2007, un año antes de la difusión de los "petroaudios", la Comisión de Energía y Minas del Congreso había formado un subgrupo para que investigue el cumplimiento de los contratos de estabilidad de empresas minero-energéticas. Para junio de 2008, esta subcomisión presentó su informe preliminar, donde encontraba indicios de ilícitos penales en funcionarios de Petroperú y de la polémica Petro-Tech, por la suscripción del irregular contrato de concesión en 1993.