En el 2006, cuando la congresista oficialista Mercedes Cabanillas era presidenta del Parlamento, la administración del Legislativo gastó S/.3.850 en contratar a la empresa Business Track (BTR) para descartar interceptaciones telefónicas en su despacho.Como es harto conocido, BTR es la empresa de los ex marinos Elías Ponce Feijoo y Carlos Tomasio de Lambarri, actualmente procesados por presuntamente haber "chuponeado" desde el año pasado a varios políticos, empresarios y periodistas. A esta empresa se la responsabiliza de las interceptaciones telefónicas en el caso de los "petroaudios".La información de dicha contratación es de público conocimiento, pues figura en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía. Es más, el Congreso no ha sido la única institución en contratar los servicios de esta empresa.