El impulso que el Gobierno viene dando a las asociaciones público-privadas es alentador. Y es que se está abriendo una amplia gama de posibilidades para consolidar inversiones en infraestructura y servicios, en las que ahora podrán participar las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las compañías de seguros, en cooperación y asociación con el Estado y organismos multilaterales. Según ha confirmado el ministro de Economía, Luis Carranza, en entrevista con nuestro Diario, los fondos de pensiones tendrán la posibilidad no solo de ampliar el espectro de sus inversiones -menoscabadas por las fluctuaciones bursátiles- sino de actuar como accionistas en la construcción de obras públicas tan necesarias como rentables. No tenemos que recordar que las AFP son las inversionistas más especializadas y sofisticadas del mercado bursátil peruano, pero también han sufrido las consecuencias de la volatilidad de las bolsas del mundo, con las penalidades que ello ha causado en la rentabilidad de los fondos de jubilación a su cargo. Por ello, la posibilidad de que puedan disponer de nuevos instrumentos para colocar esos fondos es una buena alternativa, por lo menos en los plazos mediano y largo, ante las variaciones del mercado y de los precios de los commodities.De otro lado, queda claro que las conversaciones entre los empresarios y el MEF no solo van por buen camino, sino que han comenzado a rendir sus frutos. El Gobierno está acogiendo las diferentes propuestas presentadas por el sector privado para acelerar el plan anticíclico frente a la crisis internacional.Sería interesante que también se tomaran en consideración las otras sugerencias planteadas, como la reducción de los plazos para los procesos de entrega de proyectos, que hoy demoran en promedio hasta 63 meses, debido a diversos cuellos de botella y deficiencias en la gestión del Estado. En otras palabras, una verdadera muralla de papel. Igualmente, deben redefinirse los roles de la contraloría y de los organismos reguladores, sin que ello implique relajar los mecanismos de control.En cuanto al nuevo fondo de infraestructura, resulta positivo que se encargue su administración a un gestor privado que deberá buscar rentabilidad, definir en qué clase de obras invertirá, con eficiencia y calidad. Finalmente, se trata de un fondo de 500 millones de dólares, de los cuales 300 serán aportados por los fondos de pensiones, que son el único asidero para miles de personas que esperan una jubilación digna.En general, las oportunidades de este tipo de asociación público-privada son mayores a los riesgos que podrían enfrentar de manera separada cada uno de esos sectores. Además, la experiencia aplicada en otros países demuestra que la asociación y la coordinación han funcionado bien en campos diversos, como el saneamiento, la educación, la salud, la vivienda, la tecnología y las prisiones. En esos casos, según Pro Inversión, las fuentes de financiamiento provienen no solo de los bancos comerciales y mercados de bonos, sino de los fondos de pensiones.En el Perú, la brecha de la inversión en infraestructura se halla en los sectores de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad y gas natural, y transporte. Esperemos que este nuevo mecanismo financiero permita superar ese déficit.