Semanas atrás, la Asociación de AFP encargó al Estudio Payet, Rey, Cauvi un estudio y recomendaciones para acelerar las inversiones público-privadas, presentados el viernes al ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza. Uno de los aspectos que detectó el estudio es que los procesos de entrega de proyectos tienen una duración promedio de 63 meses, debido a diversos cuellos de botella y deficiencias de la gestión del Estado.Una de las medidas propuesta por las AFP se refiere a redefinir el rol de la contraloría. Por ejemplo, señala que esta no debería realizar control de gestión y debe circunscribirse a verificar el cumplimiento de la legalidad administrativa en el proceso y ejecución del presupuesto.Además, las AFP sugirieron que se limite a la contraloría el ejercicio de acciones penales.El Ejecutivo parece estar en la misma línea, pues ayer envió al Congreso de la República cuatro proyectos de ley con el fin de contribuir a facilitar las inversiones del sector público, en un contexto de crisis internacional.