Un intenso debate ha desatado el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea modificar el artículo 162 del Código Penal y elevar las penas por los delitos de interceptación telefónica y otros métodos de acceso a información ilegales.Y es que la iniciativa, paralelamente -como lo adelantó Correo el sábado-, plantea castigar hasta con cinco años de prisión a los que difundan la información obtenida por estos medios, lo que comprometería la libertad de prensa.El premier Yehude Simon señaló, sin embargo, que está garantizada la libertad de expresión y la investigación que puedan hacer los periodistas, pero lo que no se puede hacer es negocio. Lo que se está castigando es que se haga mal uso de estos videos. Si se hace un buen uso no hay ningún problema, pero si hago negocios con eso, evidentemente se tiene que castigar, agregó.