Entre tres y cinco años de prisión recibirían las personas que comercialicen, adquieran, transfieran o reproduzcan información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal, si el Congreso aprueba un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre esta materia.La propuesta, que modifica el artículo 162 del Código Penal -que solo sanciona a quienes interfieren o escuchan indebidamente una conversación telefónica o similar-, alcanzaría a los medios de comunicación que difundan cualquier material proveniente del "chuponeo’.