El Partido Aprista Peruano propuso elevar las penas para quienes intercepten de manera ilegal las comunicaciones telefónicas y planteó sancionar con 15 años de prisión a los funcionarios públicos que participen en esas actividades ilícitas. Actualmente el artículo 162 del Código Penal contempla una pena no menor de un año ni mayor de tres de cárcel, pero se eleva de tres a cinco años si el agente infractor es funcionario público. Sin embargo, en una iniciativa legislativa, el legislador Luis Gonzales Posada plantea reprimir con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de diez años a quienes indebidamente interfieran o escuchen una comunicación.(Edición domingo).