El premier Yehude Simon afirmó que no debe haber "borrón y cuenta nueva" para los responsables de las interceptaciones telefónicas y que las sanciones también deben alcanzar a los que pagaron para que se efectúe esa ilegal práctica. Aunque manifestó que este tema ya está en manos de entes autónomos como el Ministerio Público y el Poder Judicial, consideró que debería establecerse una sanción ejemplarizadora para desterrar ese delito.