CONCESIÓN GUBERNAMENTAL A LA VIOLENCIA

El reciente paro de Andahuaylas se resolvió, en líneas generales, con celeridad, si lo comparamos con las más de 21 mil marchas y otras manifestaciones producidas entre el 2002 y el 2004 en nuestro país. Pero, como dice el refranero, "mal de muchos, consuelo de tontos".Y es que no nos cansaremos de repetir sobre todo ahora que ciertos políticos parecen estar ya en campaña y en busca de votos que la violencia debe dejar de ser la salida para resolver los problemas, como ha sucedido a lo largo del régimen actual. Los conflictos que se arreglan lo hacen a despecho de la autoridad, del Gobierno o del Estado mismo, a los que siempre se les tuerce la mano: son los que ceden, los debilitados o los perdedores frente a las crisis.Dentro de esta nefasta tendencia, que eleva la ola de agitación política y sindical, parece que los peruanos no fuéramos capaces de dialogar. Sin duda, existen antiguos y dolorosos asuntos pendientes, ¿pero ello justifica optar por la violencia? ¿Justifica bloquear carreteras y asaltar locales para conseguir reivindicaciones?Lo censurable no solo son las cuantiosas pérdidas económicas y sociales, entre otros perjuicios que ocasionan las marchas para el resto de ciudadanos que no tienen nada que ver en estos problemas. Lo inconcebible es que las autoridades policiales, y sobre todo judiciales, no sean capaces de aplicar la ley que, desde marzo del 2002, sanciona drásticamente a quienes cometen actos vandálicos en manifestaciones callejeras, atentan contra la integridad física de otras personas o causan grave daño a la propiedad pública y privada durante las movilizaciones.¿Cuántos manifestantes que han obstruido carreteras en el territorio nacional han sido sancionados con las penas agravadas que establece la ley, es decir, con no menos de tres años de carcelería ni más de seis? Las reformas hechas al Código Penal ampliaron las penas y trataron de asegurar, de manera disuasiva, que los excesos no queden impunes. Pero pese a este endurecimiento, seguimos igual que antes. Prevalece la leguleyada y los subterfugios para postergar o eludir el cumplimiento de las normas.El país exige energía. Así como el Gobierno no puede patear los problemas para adelante sino enfrentarlos, ni tampoco actuar de bombero de la crisis, quienes causan el caos y también quienes los azuzan no pueden seguir sin castigo.(Edición sábado).