El próximo 26 de setiembre la Contraloría General de la República celebrará 80 años de fundación. Creada en el gobierno de Augusto B. Leguía, esta institución establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control.Por ser su objetivo principal, según indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley 27785) propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, es necesario que esta institución sea dirigida por una persona que no solo brinde confianza, sino que goce del consenso de todas las instituciones del país y de la ciudadanía en general.Pero, además, la sola presencia en ese cargo de un profesional capaz e irreprochable no es suficiente garantía de que podrá ejecutar un imponente trabajo de fiscalización, pues requerirá de autonomía, de un adecuado presupuesto y de una continua reforma del aparato estatal, que incluye mejorar el sistema judicial. Reiteramos, por ello, que la lucha contra la corrupción no depende necesariamente de más leyes, sino de una efectiva vocación política de quienes conducen el Estado, de voluntad para hacer más transparente la conducción de las instituciones públicas.En consecuencia, la comisión parlamentaria que ha pedido diez días más para seguir evaluando la experiencia profesional de la candidata del Poder Ejecutivo, si tiene o no problemas judiciales, si es absolutamente independiente de cualquier organización política o económica, debería también comprobar si sus propuestas se encaminan a modificar y cambiar el statu quo en la Contraloría, y así desempolvar los inmensos pilares de expedientes que exigen, desde hace mucho tiempo, definir si se cometieron o no irregularidades en el manejo de dinero.Se requiere una transformación en el sistema, el cual debe partir de lo más alto, por lo que no solo necesitamos de una autoridad ilustrada y honrada, sino también de alguien con voluntad para encabezar un cambio, lo que incluye hacer más expeditivo y menos burocrático el sistema de control, y evitar que los funcionarios lo observen como la espada que pende sobre sus cabezas y les impide ejecutar obras, retrasando de esta manera la aplicación del Plan Anticrisis.