Desde el último domingo, unos 600 pobladores de la comunidad de Chiquintirca-San Miguel -en la provincia de La Mar- vienen exigiendo, en el exterior del campamento de la empresa Transportadora de Gas Peruano (TGP), una indemnización por los perjuicios ocasionados a sus tierras al instalarse los ductos de Camisea.Según fuentes locales, las vías de acceso al campamento están bloqueadas, por lo que los trabajadores no pueden salir del lugar. Sin embargo, Raúl Donayre, jefe de prensa de TGP, negó tal versión y dijo a Perú.21 que la protesta se debe a que los comuneros exigen más puestos de trabajo, "lo cual ya se está negociando con ellos".