La construcción ha estado liderando el crecimiento del PBI peruano y, aun en medio de la crisis internacional, ha mostrado resultados que en turbulencias anteriores hubieran parecido difíciles de creer. Este sector no solo posee un efecto multiplicador notable, sino que además genera más puestos de trabajo en comparación con otras actividades, aunque tales empleos no son necesariamente altamente calificados.Es por ello que el Plan Anticrisis del Gobierno ha puesto especial énfasis en la construcción, sobre todo habitacional, pues destinará S/. 3,120 millones en obras de vivienda, titulización, saneamiento y desarrollo urbano. En vista de que el riesgo de que la edificación de viviendas pudiera desacelerarse es latente, arrastrando a otros sectores y perjudicando a las empresas y sus trabajadores, el Gobierno continúa buscando soluciones adicionales como la anunciada la semana pasada por la titular del Ministerio de Vivienda, Nidia Vílchez.Dicha propuesta, todavía en elaboración, permitiría a las empresas constructoras acreditar el pago de impuestos con obras, siempre y cuando se trate de viviendas. El funcionamiento del mecanismo se conocería dentro de 15 días, según adelantó Vílchez, quien además señaló que esperaba que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le diera el visto bueno a la iniciativa.Lo curioso de estas declaraciones es que llama la atención que no se haya consultado previamente al MEF, dado que es el portafolio responsable de la política fiscal. De hecho, el viceministro de Economía, Eduardo Morón, se apresuró en ponerle paños fríos a la propuesta. Si bien prefirió no adelantar opinión, el funcionario declaró que solo pasarán las propuestas que sean viables.Teniendo en cuenta que el sector privado estima invertir US$ 2,710 millones en proyectos de vivienda, construcción y saneamiento, un monto bastante considerable, especialmente en la actual coyuntura, el Gobierno podría proyectar una mayor seriedad en sus propuestas trabajando en equipo. En ese sentido, no se puede dejar de lado al MEF, si es que las iniciativas de los otros ministerios contemplan modificaciones en la política fiscal. No solo se obtendrían mejores resultados, sino que se ahorraría tiempo y recursos.
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