Dos días después de que se descubriera a los presuntos integrantes de una organización que habría interceptado los teléfonos del ex ministro aprista Rómulo León y del ex directivo de Perú-Petro Alberto Quimper --el cual dio origen al escándalo de los "petroaudios"--, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, consideró que el actual Código Penal es insuficiente para sancionar severamente a los responsables del delito de interceptación de las comunicaciones y sugirió incrementar las penas. El artículo 162 del Código Penal contempla una pena no menor de un año ni mayor de tres de cárcel, pero se eleva de tres a cinco años si el agente infractor es funcionario público. Fernández precisó que ese artículo está desfasado porque solamente se define como delito a los actos de interceptación o interferencia telefónica, y se olvida que en la actualidad el avance tecnológico permite "chuponear" todo tipo de comunicaciones, desde el correo electrónico hasta una conversación cara a cara.(Edición domingo).