¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES DE "CHUPONEADORES" CORRUPTOS?

La operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional ha sido un duro golpe a las mafias hasta ahora impunes de interceptadores telefónicos, que debe llevar a una profunda y completa investigación.Es la primera vez que se acusa, con consistentes evidencias, a una empresa de haber grabado ilegalmente las conversaciones de Rómulo León, Alberto Quimper, Fortunato Canaán y otros, cuya difusión pública dio lugar al llamado escándalo de los "petroaudios", lo que a su vez motivó la caída del Gabinete del Castillo.Ahora los detenidos, vinculados a la empresa Business Track, tienen mucho que explicar respecto de una práctica abiertamente ilegal y delictiva, que data de la época sombría del fujimontesinismo. Si bien es evidente que la interceptación puede revelar esquemas corruptos de terceros que son publicados muchas veces por la prensa, es en sí misma y por esencia una actividad igualmente corrupta y anticonstitucional, pues atenta contra el derecho fundamental a la privacidad y la intimidad.El tiempo, entonces, nos va dando la razón en nuestra firme postura inicial de rechazar y perseguir penalmente tanto a "chuponeados" corruptos como a "chuponeadores". Pero, falta aún responder una pregunta crucial: ¿Quiénes son los clientes de esas empresas "chuponeadoras"? ¿Con qué objetivos las contrataban? ¿Y a qué costo y en qué condiciones recibían los audios ilegales?A propósito, habría que llamar la atención contra las maniobras de distorsión que pretendieron ejercer algunos periodistas, para centrar el problema solo en los interceptados y no en los interceptadores, lo que revela un problema ético de fondo.Dicho esto, las investigaciones tienen que continuar con el mismo celo, imparcialidad y sin injerencias, hasta desterrar esa lacra invasiva, que aparte de afectar fueros íntimos, puede ser usada aviesamente para desestabilizar el sistema democrático. Mientras tanto, el hecho de que se haya identificado a algunos miembros activos de la Marina como parte de la empresa Business Track no tiene por qué comprometer a la institución misma, lo que debe ser aclarado a plenitud por el sector Defensa.Los peruanos no podemos continuar viviendo bajo el ominoso e indignante prospecto de ser espiados por orden de quién sabe quién ni con qué mezquinos fines. Por ello, ahora que el Estado democrático empieza a reaccionar bien es imperativo que las investigaciones fiscales, policiales y congresales reciban apoyo del Gobierno y de todas las instancias vinculadas. De ninguna manera puede repetirse lo que pasó entre el 2000 y el 2006 cuando, ante las graves denuncias de "chuponeo" a los periodistas Rosa María Palacios y Juan Paredes, el cardenal Cipriani y el propio presidente Toledo, no se llegó a los culpables, lo que incrementó la sensación de indefensión e impunidad.