Una vez más el Cusco, la ciudad turística más importante del país, es escenario de nuevos conflictos destinados a frustrar la explotación de los recursos mineros, la principal fuente de ingresos con la que cuenta nuestro país. No se trata sólo de los pobladores de Quispicanchi, quienes se oponen al funcionamiento de un centro minero. A esto se suma también cerca de 70 comunidades de la provincia de Acomayo que están decididas a no permitir -según sus dirigentes- la explotación de estos importantes recursos bajo el argumento de los graves problemas ambientales. Según el alcalde provincial de esa zona, Moisés Ramos Villares, en esta jurisdicción cerca de 30 empresas han solicitado la autorización de concesiones sin tomar en cuenta que con ello se afectará a un total de 10 mil hectáreas, casi la mitad del territorio de esa provincia.
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