El nuevo año llegó con una sorpresa: los ministros, a propuesta del presidente de la República, se otorgaron un aumento de sueldo, tomando como referencia la remuneración de los congresistas.Sin embargo, con la misma velocidad con que aprobaron la medida, renunciaron a ella, fundamentalmente porque levantaron una ola de oposición. En un escueto comunicado de prensa, el presidente Alan García saludó y felicitó a sus ministros "por su capacidad de desprendimiento", y se expresó "confiando en que ello (la renuncia al sueldo) servirá de ejemplo a otras personas e instituciones".Si bien este intrincado asunto tuvo su origen el sábado último, cuando fue publicada la norma que autorizaba la homologación salarial, el tema es de una profundidad tal que exige del Gobierno acciones para iniciar de una vez por todas una real reforma del aparato estatal, que lleve a contar con profesionales adecuadamente remunerados, y de esta manera afrontar con eficacia y eficiencia retos mayores, como el TLC con los Estados Unidos, por ejemplo.Es oportuno reconocer que el Gobierno ha emprendido importantes proyectos, pero también debemos condenar la marcha atrás que ha tenido que dar en algunos de ellos, simplemente porque la inspiración no estaba basada en la realidad, lo que refleja la falta de un norte en la administración del Estado.En esta ocasión parece que tampoco se premeditaron las consecuencias que generaría un aumento de sueldo, al cual nadie debería oponerse, pero se condenó porque fue dictado en un momento poco oportuno, cuando se pide unión y se dictan medidas para resistir a la crisis internacional.Da la impresión que esta acción no fue lo suficientemente reflexionada, sobre todo porque no se escuchó que se estaba dando el primer paso para emprender la tan esperada reforma del aparato estatal. Escuchamos, a modo de explicación, que se permitiría hacer más transparentes los niveles remunerativos en el Estado, y que llevarían a otorgar mejores remuneraciones a los técnicos que requiere la administración pública.En tanto, el país sigue a la espera de una real reforma del aparato estatal, una transformación que permita incrementar los sueldos y construir un Estado moderno, eficiente y eficaz.
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