La ministra de Justicia, Rosario Fernández, y la vicecontralora Rosa Urbina, se ponen de acuerdo con respecto a una serie de medidas para flexibilizar el control preventivo que la contraloría ejerce sobre la ejecución de obras, contrataciones y adquisiciones. Esto con la finalidad de dar velocidad a las inversiones públicas y privadas frente a la crisis internacional. El consenso logrado hasta la fecha por ambas autoridades se verá plasmado a partir del próximo 20 de enero en que, según adelantó Fernández, tanto su portafolio como el presidente Alan García emitirán un decreto supremo dirigido a las instituciones públicas. La norma establecerá que estas últimas quedan obligadas a corregir --con la mayor celeridad-- las observaciones que este órgano les haga en una etapa de control preventivo.