El decreto de urgencia que homologa el sueldo de los ministros de Estado con el que perciben los congresistas es una medida adecuada, que repara una disparidad cuestionable.Sin embargo, como lo hemos señalado antes, hubiera sido mejor que la medida no fuera tan limitada, sino que se insertase en un contexto mayor, como puede ser la ley que ordene los salarios de toda la administración pública, parte fundamental de la postergada reforma del Estado. Actualmente, existen más de 30 estructuras salariales, lo que evidencia dispersión y caos. Y las iniciativas para romper este corsé tedioso han quedado hasta ahora solo en anuncios, como pasó por ejemplo con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), órgano técnico de gestión de los recursos humanos del Estado.Así pues, no se trata solo de una cuestión de justicia y equidad, sino de instaurar principios de orden y meritocracia para devolver al Estado su razón de ser, es decir, servir al ciudadano y no servirse de él. En tal perspectiva, aparte de simplificar y desterrar los onerosos y cargantes trámites burocráticos, se echan en falta políticas que profesionalicen la carrera pública. Homologar los sueldos de los ministros resulta, entonces, saludable y podría influir en que tengamos un mejor Gabinete. Pero la medida es insuficiente: para funcionar bien, el Estado debe modernizarse y convocar a los mejores técnicos y profesionales y remunerarlos de acuerdo con su desempeño. Esto es aun más exigible cuando tenemos que afrontar los estertores de la crisis financiera internacional con medidas efectivas y creativas. Claro que ello debe hacerse de acuerdo con las posibilidades de la caja fiscal y cuidando el equilibrio presupuestal. Aquí hay que hacer la atingencia de que la austeridad no es un valor absoluto en sí mismo, sino que tiene que sujetarse a los fines y objetivos del Estado, así como al logro de grandes metas nacionales, no solo económicas sino también sociales y de otro tipo.Por lo demás, ya se ha probado que la homologación a rajatabla y los topes arbitrarios de sueldos, sobre todo para el personal técnico, solo generan mediocridad y alejan a los funcionarios más capaces, que obviamente serán tentados por las mejores condiciones que ofrece el sector privado.¿Y cómo se podrá crear focos de desarrollo regional y aprovechar mejor nuestros recursos si no tenemos funcionarios capaces y motivados? ¿Cómo podremos dar el salto cualitativo al desarrollo que tanto ansiamos con un Estado anquilosado e ineficiente, que no cumple sus funciones básicas?Cambiar esta situación demanda un esfuerzo serio del Gobierno, pero también del Congreso, donde irresponsablemente se ha refrenado o paralizado varios proyectos para modernizar la administración pública. De allí la urgencia de mayor coordinación y consenso para abordar frontalmente, sin demora y sin mirar a los balcones electoreros, este pilar fundamental de la reforma del Estado.