La decisión de no utilizar saldos presupuestales para el pago de aguinaldos a jueces y fiscales en 2007 les podría costar caro al ex primer ministro Jorge del Castillo y al ex titular de Economía Luis Carranza. La Comisión Permanente dio luz verde ayer para que las respectivas denuncias constitucionales continúen su trámite, y otorgó un plazo de 15 días a la subcomisión respectiva para que se aboque al tema y presente su informe.El acuerdo en la Comisión Permanente fue aprobar, por mayoría, el informe de calificación que declara la procedencia. Solo el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, se abstuvo. El caso volvió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se otorgará un plazo de cinco días hábiles para que los denunciados presenten sus descargos conforme lo establece el artículo 89° del reglamento interno del Congreso.
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