Todo indica que los peruanos son hoy más conscientes de las enormes posibilidades que la democracia les garantiza para, por ejemplo, revocar antes de que concluyan su mandato a aquellas autoridades locales, regionales e incluso parlamentarias que defraudaron la confianza asignada en las urnas.Prueba de ello es que el 68% aprueba la revocatoria de alcaldes y presidentes regionales, y un importante 75% considera que esa institución debe ampliarse a los congresistas, según revela la última encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos Apoyo y difundida ayer.Estos resultados ofrecen varios puntos de interés. En primer lugar, reflejan que el país ha entendido que tenemos dos formas distintas pero perfectamente compatibles de ejercer la democracia: la representativa, o la que ejercen los políticos y gobernantes; y la directa o participativa, aquella que ejercen los ciudadanos sin intermediación política, a través del referéndum, la iniciativa popular en la formulación de las leyes, remoción de funcionarios, rendimiento de cuentas y las revocatorias. Por eso en el país se han realizado ya siete procesos revocatorios. El último, convocado a mediados de este mes para que los electores ejerzan su derecho de remover a alcaldes y autoridades regionales, fue un éxito. Allí la función de la ONPE fue cumplida a cabalidad, pero sobre todo los ciudadanos dieron validez a una consulta que en nuestro país debería ser más frecuente para hallar salidas a todo tipo de conflictos sociales, desde los mineros como el producido en Sicuani, hasta los vecinales, como el de San Borja.En segundo lugar, los resultados de la encuesta representan una fuerte llamada de atención a los parlamentarios por parte de quienes exigen mayor eficiencia y honestidad en la función pública. Se trata de peruanos vigilantes que quieren que el Congreso demuestre que no defiende intereses particulares, sino que cumple sus funciones constitucionales, de dar las leyes que el país necesita y de fiscalizar el manejo de los recursos públicos.El Legislativo haría bien en reaccionar ante este balance negativo y la mejor manera de hacerlo es que asuma la postergada reforma constitucional para, entre otras tareas, instaurar la renovación por mitades. De introducirse este procedimiento, en adelante los congresistas podrían ser cambiados antes de concluir su mandato, lo cual sería también una forma de revocatoria indirecta.No olvidemos que ya en la encuesta de setiembre, que difundió El Comercio, la ciudadanía exigió que el Parlamento aprobase esta reforma constitucional y cerca del 80% se pronunció a favor de la renovación de la mitad del Congreso cada dos años y medio, y no cada cinco, como sucede en nuestro país. Hasta la fecha, nada se ha hecho al respecto.Recordemos que de todos los sistemas políticos, la democracia es el menos imperfecto. Sin embargo, es tarea de políticos y ciudadanos contribuir a su desarrollo.