Bien podría decirse respecto del plan anticrisis impulsado por el Gobierno para enfrentar los efectos de la difícil coyuntura financiera internacional que uno de los principales temas de consenso radica en el factor confianza: confianza en la efectividad de las medidas adoptadas para capear el temporal que se avecina, confianza en el papel que debe cumplir el Ejecutivo y confianza en la participación que también tiene que asumir el empresariado nacional.Reconocidos los inminentes efectos negativos de la crisis global en el país, resultan pertinentes las exigencias que el sector empresarial planteó al Gobierno en la última mesa redonda que organizó nuestro Diario, a la que asistieron representantes de la Confiep, ÁDEX, la SNI y la CGTP.Por ejemplo, la correcta ejecución de los presupuestos destinados a la inversión, sin retrasos que ocasionen que gran parte de los montos retornen a la caja fiscal porque simplemente no fueron utilizados. Del mismo modo, se le exige también la dación de ciertas normas necesarias para, por ejemplo, seguir impulsando el pujante sector de la construcción que, como otros, sufre las incongruencias de una burocracia que prolonga los plazos de las contrataciones. Para ello la salida es clara: debe aprobarse el reglamento que haga viable la nueva Ley de Contrataciones.Asimismo, cómo eludir los efectos sociales de una coyuntura tan grave. De allí que, como señalaron representantes de la CGTP en la mesa redonda de El Comercio, debe garantizarse el correcto control de daños en la empleocracia, para lo cual se requiere salvaguardar a los trabajadores de una eventual ola de despidos, la formalización del trabajo en el sector estatal, apoyo a las pymes, entre otras medidas. En ese sentido, satisface que el plan anticrisis del Gobierno haya considerado intensificar la inversión pública en infraestructura, lo cual genera de forma directa más puestos de trabajo.Como se concluyó en la mesa redonda, el Gobierno tiene, pues, que trabajar duramente para disminuir las trabas burocráticas que todavía obstaculizan la inversión nacional. Sin embargo, también es claro que enfrentar la crisis compromete a todos los estamentos, y sobre todo al sector privado, cuyo concurso es ineludible para no frenar la inversión y, por consiguiente, para que el país no detenga su ritmo de crecimiento.Debe reconocerse que el Gobierno ha hecho bien en abrirse a las sugerencias que las diferentes fuerzas vivas aporten al plan anticrisis; y que, del mismo modo, el sector empresarial no solo responda favorablemente a esa participación, sino que exija tener un asiento en la mesa de la planificación, más aun si, como señaló el presidente García en su último mensaje a la nación, el sector privado aporta las cuatro quintas partes de la inversión anual.No obstante, así como el empresariado exige al Gobierno aumentar la inversión pública, también él debe invertir lo que ha ganado en los últimos años de bonanza vividos en el país.El Estado no lo puede hacer todo, de manera que el sector privado tiene que seguir apostando en las inversiones que ya están en marcha y sumarse a los proyectos en puertos, carreteras, minas, gas y agroexportación, que además de rentables dan mucho empleo formal.