Ya lo sospechábamos, pero la realidad que muestran las encuestas es de lo más chocante y preocupante: según una encuesta del estudio de abogados estadounidense Miller & Chevallier, a través del estudio Rodrigo, el 82% de los empresarios locales afirma haber perdido negocios como producto de la corrupción, lo que nos coloca tristemente en un deshonroso primer lugar.Tal situación no puede continuar. Por una cuestión de principios, imagen y elemental pragmatismo tenemos que afrontar este grave problema urgentemente. En tal sentido, la encuesta debe servir para revisar las premisas y los avances del Plan Nacional Anticorrupción que está trabajando la PCM.Así, es importante resaltar que solo el 5% de los ejecutivos cree que las leyes anticorrupción son efectivas. Ello revela que, más que un problema legal, nos enfrentamos a una patología cultural fuertemente arraigada en nuestro país, que pone en riesgo no solo la dinámica empresarial, sino también el futuro de nuestro país y cualquier plan anticrisis o de desarrollo.Efectivamente, la corrupción, entendida como la utilización de las funciones y medios del aparato estatal en provecho propio, repercute finalmente en la marcha y el desarrollo de toda la nación. Afecta y vicia el sistema de libre competencia de la economía social de mercado, incrementa los costos, promueve la informalidad y el desorden y, peor aun, espanta las nuevas y necesarias inversiones, con lo cual, al final, todos salimos perdiendo por culpa de unos sinvergüenzas que se llenan los bolsillos. Otro dato destacable de la encuesta es el de la amplitud y grado de corrupción que se percibe en casi todas las diferentes dependencias del Estado, desde la policía y los gobiernos municipales y locales (68%), el Poder Legislativo (59%), el Ejecutivo (41%), Aduanas (45%) y el Poder Judicial ¡con un desastroso 90%! que contrasta con el 0% de Chile, donde nadie piensa que la rama judicial exhibe una corrupción significativa.En este sombrío escenario, un plan anticorrupción tiene que involucrar no solo al Gobierno sino a todos los poderes del Estado. Y si hay que endurecer las sanciones y aplicarlas de modo imparcial, tiene que castigarse tanto al funcionario como al agente corruptor del sector privado, cómplice de este gravísimo delito.