El Gobierno puso fin ayer, con la promulgación de un decreto supremo, a meses o años de angustia y vía crucis de miles de jubilados que batallaban a diario en los juzgados y en los locales de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por la nivelación de sus bajísimas pensiones y por el pago de los devengados que les corresponde.La norma, rubricada por el presidente Alan García y por los ministros de Economía, Luis Valdivieso, y de Justicia, Rosario Fernández, decreta la aplicación de la Ley 23908, priorizando los casos judicializados que comprendan a personas mayores de 75 años. Autoriza, en tal sentido, a la ONP a que regularice el monto de las pensiones a los mínimos establecidos por ley, incluyendo los procesos en trámite.