Finalmente las autoridades y representantes de la sociedad civil de Cerro de Pasco lograron un consenso para trasladar la ciudad a otra zona. Y, complementariamente, el Congreso de la República insistió, también por mayoría, en la ley que declara de necesidad pública dicho traslado para evitar más perjuicios a la población por la contaminación minera.El acuerdo es realmente histórico y evidencia las muchas ventajas de las mesas de diálogo, como propone El Comercio, para resolver conflictos tan graves como el de Pasco, los que hasta ahora habían determinado posiciones de confrontación casi irreconciliables.Sin embargo, empieza ahora una nueva etapa, la de planificar el traslado, que es igualmente ardua y compleja. Por lo mismo, hay que redoblar esfuerzos para mantener la voluntad de diálogo, acopiar recursos y convocar urgentemente el apoyo de técnicos y expertos internacionales en planificación urbana y con experiencia en traslado de ciudades.El concurso del Gobierno Central, las autoridades regionales y locales y, por supuesto, de las empresas mineras resulta fundamental en todo este proceso que no tiene precedentes cercanos en nuestro país.Sobre el financiamiento del proyecto, debe consolidarse un cuantioso fondo que solvente la monumental tarea de trasladar a miles de familias a una nueva ciudad planificada y urbanizada, con todos los servicios básicos. El costo del traslado se calcula en mil millones de dólares, lo que haría necesario el apoyo de la cooperación internacional. No se puede dejar pasar la oportunidad de librar a los pasqueños de los terribles embates de la contaminación minera, sobre todo en enfermedades respiratorias. Según diversos estudios, el deterioro de la calidad de vida es tal que reduce el tiempo promedio de vida y condena a los pasqueños, sobre todo a los niños, a una existencia miserable, lo que era realmente injusto e indignante. En el ámbito político, en tanto, el caso de Cerro de Pasco debe servir de ejemplo para resolver otros conflictos que, por ser extremadamente politizados o ideologizados, están en un punto muerto. Asuntos como los de Majaz, Tambo Grande, Cajamarca, Sicuani y otros que involucran tanto la explotación de recursos y el cuidado del medio ambiente como las posibilidades de desarrollo económico y mejora de la calidad de vida de la población, podrían empezar a resolverse acercando posiciones a través de mesas de diálogo que no deben ser manipuladas.(Edición sábado).