A dos semanas de cumplirse el plazo de 45 días que se autoimpuso el jefe del Gabinete, Yehude Simon, para presentar un nuevo plan nacional anticorrupción, es preciso recordar los objetivos y parámetros de lo que debe ser una cruzada que involucre a todos en el saneamiento ético y moral de la administración pública y de la sociedad.A l respecto, es importante la recomendación de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, para que el plan contemple los tres niveles de gobierno, sistematice los grados y modalidades de corrupción y defina pautas metodológicas para los procesos de planificación estratégica de todos los organismos públicos.Destacamos el espíritu de apertura de la Presidencia del Consejo de Ministros, que sigue presentando el borrador del plan ante entidades públicas y privadas, y foros como el Acuerdo Nacional para recibir sugerencias y detectar eventuales errores.Sin embargo, hay un protagonista al que debe dársele mayor importancia, como son los medios de comunicación, que pueden aportar mucho, sea como canalizadores de propuestas que enriquezcan el plan, fiscalizadores de la cosa pública y orientadores de la opinión ciudadana. Así, los medios de comunicación no solo sirven para denunciar, lo que está dentro de su función, sino también para promover el sentido de ciudadanía responsable y fortalecer la democracia. La lucha contra la corrupción, entonces, no puede ser un recurso retórico más, ni una simple carta que se saca de debajo de la manga para capear temporales políticos. Ya hemos pasado por las experiencias de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, el zar anticorrupción y la Oficina Nacional Anticorrupción, cuyos lanzamientos con bombos y platillos contrastan con sus pobres resultados. Y desde esta columna advertimos de esos riesgos.Hoy, lo que la ciudadanía reclama es un plan coherente, amplio y serio que englobe políticas de gobierno y promueva una cultura de transparencia y honestidad que vaya más allá del Estado para incluir a toda la ciudadanía, sobre todo a los escolares.