La jefa de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA), doctora Elcira Vásquez, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo plan maestro de lucha contra la corrupción al interior del Poder Judicial. La iniciativa, además de oportuna y necesaria, es innovadora, pues, aparte de incidir en mejorar el control desde arriba, pretende involucrar mucho más a los gremios profesionales, económicos y a la sociedad civil. Propone, por ejemplo, que el Colegio de Abogados, la CGTP, la SNI y el Consejo de la Prensa Peruana sancionen a sus miembros que trataron de corromper a un juez. Detrás de ello está el convencimiento de que la corrupción no solo involucra a ciertos malos jueces y fiscales sino que tan culpables como ellos son los ciudadanos que ofrecen coimas. Por ello, así como la OCMA tiene que proseguir en su labor controladora, sancionadora y moralizadora, como lo viene haciendo exitosamente a pesar de las trabas, el resto de entidades involucradas debe asumir su responsabilidad. ¿Pero la corrupción se constriñe solo al ámbito judicial? Pues no. Como lo evidencian las últimas encuestas, 56% de los consultados opina que el Gobierno no ha hecho nada contra la corrupción, percepción que se ha visto agudizada por el grave caso de los "petroaudios" y la conexa e ilegal interceptación telefónica, que vienen siendo investigados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y también por las comisiones del Congreso.Por parte del Poder Ejecutivo ha habido pronunciamientos públicos importantes, por ejemplo del jefe del Gabinete, Yehude Simon, quien incluyó la lucha anticorrupción como uno de los pilares de su gestión. Sin embargo, vistas las cosas desde una perspectiva más amplia y considerando los graves daños que el tema podría seguir haciendo a la democracia, consideramos necesario un deslinde firme y definitivo por parte de la máxima autoridad del Gobierno, el presidente de la República.Las comisiones parlamentarias ya han citado a su secretaria, Mirtha Cunza, y al secretario general de la Presidencia, Luis Nava, que han rendido su declaración. En el mismo sentido, el presidente García debería prestar su testimonio, el que, por consideración a su alta investidura, podría tomársele en la Casa de Gobierno, como se hizo en el pasado con el presidente Alejandro Toledo, en el caso de la falsificación de firmas de Perú Posible.El jefe del Estado, como el primer ciudadano de la nación, pero con los mismos deberes y derechos, tiene que ponderar el positivo efecto que tendría esta decisión histórica en la estabilidad política y la institucionalidad democrática. Siguiendo su ejemplo, deberían hacer lo propio el secretario general del partido, Mauricio Mulder, y todos los funcionarios mencionados en los "petroaudios", de modo que en tiempo prudente pueda esclarecerse y dar por concluido el espinoso asunto en el Poder Judicial.El Comercio se ratifica en el principio de que el mejor remedio contra la corrupción, principalmente para prevenirla, es una política de transparencia, que debe fluir desde las más altas instancias del aparato gubernamental. Pero, complementariamente, tiene que desterrarse y sancionarse las enquistadas mafias del "chuponeo" telefónico, que son tan corruptas y corruptoras como quienes trafican con los intereses y bienes del Estado.