Al menos sobre el papel, el Congreso pretende otorgar a las comunidades indígenas, una mayor participación a la hora de que se decida una determinada construcción o explotación de minerales o hidrocarburos en sus jurisdicciones.La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento aprobó el proyecto de ley que regula el derecho de consulta previa a estas poblaciones. El miembro de este grupo de trabajo, José Macedo, explicó a Gestión que la iniciativa responde a "un principio de adaptación" al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo."De aprobarse este proyecto ante el pleno del Congreso, entonces tanto el Estado como la empresa privada deberán antes recoger el punto de vista de las comunidades", citó.La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estimó necesario que se recoja el parecer de la Comisión de Constitución del Parlamento sobre el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente.Además, anotó la necesidad de que el Legislativo sea muy preciso a la hora de establecer el alcance, el ámbito de la aplicación y el procedimiento de la consulta previa.
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