Tal y como lo había prometido el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, el Ejecutivo ha empezado a asumir su responsabilidad en el proceso de instaurar la paz social en el país. Así, ha cumplido con instalar en Tacna una nueva mesa de diálogo que, en lo medular, busca evitar un conflicto más en esa región, por la polémica distribución del canon minero. Es claro que ante la irrupción de conflictos sociales y de otros actos meramente violentistas, el Gobierno debe imponer su autoridad. Pero además tiene que actuar con sabiduría para aplicar con destreza mecanismos de diálogo indispensables en democracia, que permitan canalizar las demandas justas y denunciar aquellas otras que solo buscan crear el caos.Los mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos son, a la luz de la teoría y de la práctica, la primera opción en una situación de crisis, claro está, siempre que las partes involucradas acudan a la negociación con la mayor disposición y voluntad de resolver los problemas.Como hemos insistido en esta columna, todos tienen que enfatizar en la responsabilidad que les corresponde asumir, incluyendo a las autoridades regionales que, como tales, deberían tomar la iniciativa de promover más mesas de diálogo para que todos los grupos expongan sus demandas, hallen soluciones y se mitiguen los conflictos antes de que exploten. Los hechos confirman, además, que el Gobierno Central debe participar no solo cuando los problemas se han desbordado o se encuentran en una etapa de alta intensidad, al borde del caos. En ese nivel siempre resultará difícil conciliar y hallar soluciones. Lo hemos visto en el caso de la huelga médica que, después de innumerables dificultades, acaba de solucionarse gracias a lo positivo de la mediación de ambas partes.Esperemos que los 170 conflictos pendientes, como el de Tacna por ejemplo, también encuentren una salida negociada. En principio, como revela la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos Apoyo, el país aprueba la gestión del presidente del Consejo de Ministros, quien, si bien se ha negado a dialogar bajo presión, ha logrado hasta ahora negociaciones importantes con la Federación Médica Peruana y con los pobladores de Sicuani (Cusco). Se ve, pues, que esta predisposición positiva de Simon hacia el diálogo concuerda, en primer lugar, con el sentir ciudadano que, de un lado, rechaza los bloqueos de carreteras y otros actos de violencia, y del otro aprueba las marchas y huelgas pacíficas como acciones legítimas de protesta.En segundo lugar, ratifica el compromiso que adoptó al tomar posición de la PCM, cuando afirmó que trabajaría para fortalecer institucionalmente el foro del Acuerdo Nacional, para que todas las fuerzas allí representadas actúen de manera independiente frente al Ejecutivo. Eso incluye a la CGTP, cuyo secretario general, Mario Huamán, ha dejado entrever que retornará al Acuerdo Nacional porque ahora existe diálogo con las autoridades gubernamentales a través de mesas de trabajo. Esperemos que así sea y que la CGTP, que asegura respetar el Estado de derecho, retorne a un foro del cual nunca debió separarse, por el bien de la democracia y por la representación que dice encarnar.