No cabe ya duda alguna de que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ordenó la devolución de los aportes que miles de ex trabajadores hicieron al extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), debe acatarse en todos sus términos.Es responsabilidad del Gobierno, sin embargo, establecer de una vez por todas los mecanismos que aplicará para cumplir con ese mandato constitucional sin afectar la estabilidad económica del país. Recordemos que existe una polémica al respecto, sobre los gastos que ocasionará la realización del referéndum programado para mayo del 2009 para aprobar o desaprobar el proyecto de ley sobre el Fonavi. Mientras algunos sostienen que es innecesario, porque el Congreso está buscando una salida política y el Ejecutivo está evaluando financiera y técnicamente los alcances de la devolución de los aportes, otros sostienen que la consulta popular representa los costos de la democracia.Lo cierto es que el problema afecta a miles de personas. En principio, los primeros cálculos revelan que solo en Lima Metropolitana hay más de un millón de ex contribuyentes a la espera de la devolución de sus aportes. Con o sin referéndum, el Gobierno deberá afrontar, pues, esta fuerte erogación, cuyas consecuencias solo podrán enfrentarse si media una adecuada planificación para evitar cualquier forado que pueda mellar otros proyectos públicos. Para eso es básico que la comisión multisectorial creada para evaluar financiera y técnicamente la aplicación del Fonavi, e integrada por la PCM, la Sunat y los ministerios de Vivienda y Economía, determine los montos recuperados del Fonavi y las inversiones que han efectuado con esos recursos. Esto no solo para saber con qué fondos se cuenta, sino para garantizar la transparencia del proceso.Mientras se dilucida todo esto, ha hecho bien el Gobierno en iniciar el empadronamiento de los ex aportantes para luego definir qué montos les correspondería recibir. Es lo justo considerando que, finalmente, durante su vida laboral contribuyeron a la formación del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda.Queda claro, sin embargo, que deberá extenderse el plazo establecido para que los ex fonavistas de todo el país puedan inscribirse sin mayores problemas en los registros de la comisión multisectorial. Tiene que considerarse que si bien el registro de contribuyentes ha sido bastante representativo en Lima Metropolitana y en otras seis regiones, en el 75% la participación ha sido mínima; es decir, no han declarado ni acreditado sus aportes con la documentación que se exige.El Ejecutivo, por ello, debe iniciar una campaña de orientación para que los ex fonavistas que aportaron entre 1979 y 1998 se inscriban en gobernaciones y municipalidades, y no solo en Internet como sucede ahora. Eso es restrictivo, porque no todos tienen acceso a la web. Por lo demás, a partir de ahora debe quedar claro que el Estado no puede volver a expoliar --como lo hicieron los gobiernos de turno en el pasado reciente-- fondos públicos como los del Fonavi. Por ese camino, se afecta el bienestar de una ciudadanía que espera beneficios sociales que sin duda le corresponde. La sentencia del TC ha marcado jurisprudencia.