nte la brutalidad, la irresponsabilidad, la violencia y la comisión de delitos con un salvajismo atávico, interesado o no políticamente en desestabilizar el sistema democrático, el Gobierno constitucional y de derecho social está obligado a imponer el orden jurídico y el imperio de la ley con las medidas y fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) que la Constitución le faculta. En consecuencia, las acciones tomadas para paralizar y eliminar estos peligros contra la paz y tranquilidad sociales están dentro de la ley, con finalidad de salvaguardar justamente a la democracia con las libertades y derechos fundamentales de las grandes mayorías que el sistema protege. Ante el canibalismo y los brutales desórdenes no queda otra alternativa que la de aplicar rigurosa y drásticamente el mandato que la Carta Magna y las leyes establecen ante esta grave situación, que no puede ni debe tolerarse por ningún motivo. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos de gobiernos que, por su excesiva tolerancia y reiterativo perdón convertido en permanente impunidad, perdieron las riendas del control de la administración y dejaron de aplicar escrupulosa y rígidamente el peso de la ley. De ahí que este gobierno está obligado a actuar con mano firme, drástica y ejemplarizadora, para evitar que el caos y la anarquía lo envuelvan, para pérdida absoluta de todo el Estado-nación, léase, todos los peruanos.
- [El Peruano,Pág. 12] /