Uno de los más grandes retos que afronta el nuevo Gabinete que preside Yehude Simon es restaurar la paz social y la autoridad, amenazadas por una serie de conflictos que vienen de muy atrás pero que, coincidentemente, se han exacerbado en vísperas de la cumbre del foro APEC, que tendrá a nuestro país como anfitrión.En lugares tan disímiles como Sicuani, Cajamarca, San Martín, Tacna y Moquegua se han registrado violentos enfrentamientos, algunos de los cuales pudieron evitarse o mitigarse prontamente con un mejor trabajo de inteligencia, prevención o diálogo.En dicha coyuntura, es positiva la presencia de Simon en Sicuani, donde logró importantes acuerdos que evitaron un paro bajo la promesa de realizar estudios de impacto ambiental y de convocar a posteriores referendos sobre la pertinencia de nuevas inversiones. Sin embargo, se trata de una solución coyuntural y perentoria, que, individualmente, se asemeja mucho a la política del bombero, que constituyó uno de los puntos débiles de la gestión de Jorge del Castillo. A lo que hay que apuntar, entonces, es a soluciones orgánicas e institucionales que ataquen las raíces del problema y propongan soluciones concretas de mediano y largo plazo.Al respecto, es alentador que la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo hayan empezado a coordinar acciones para prevenir y manejar los conflictos sociales, en aras de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la institucionalidad democrática. Es más, se anuncia que en los próximos días celebrarán un convenio marco de cooperación institucional orientado a dicho objetivo.Como bien dice Simon, hay una gran necesidad de escuchar a los ciudadanos de a pie, de modo que sientan que "el poder es también de ellos". En tal contexto, el acercamiento entre dichas entidades es un buen paso en la dirección correcta, pero queda aún mucho por hacer. Efectivamente, la Defensoría puede aportar su "expertise" y su equipo de técnicos que vienen trabajando con gran eficiencia en el tema, como se evidencia en sus alertas mensuales sobre detección y estado de los conflictos en curso. Sin embargo, hay que seguir trabajando para promover la instalación de mesas de diálogo, primeramente en cada región, de tal manera que se atienda los conflictos antes de que estallen en conatos de violencia. Allí, con la participación de los sectores involucrados y las autoridades locales, deberían debatirse los problemas y ensayar mecanismos para proponer y acordar soluciones. Claro que no puede descartarse la presencia de agitadores, que responden a consignas desestabilizadoras de grupos radicales o seudonacionalistas, enemigos de la democracia. Estos deben ser identificados y sancionados con todo el peso de la ley.No obstante, cuando se trata de reclamos justos y razonables, hay que agotar los mecanismos de diálogo para canalizar las demandas y buscar soluciones consensuadas y efectivas. Lo importante, en todo caso, es la voluntad de diálogo de las partes y la actitud básica de tolerancia, así como de respeto al orden y al sistema democrático.