Una vez más la interceptación ilegal de las comunicaciones obliga a un pronunciamiento editorial porque los acontecimientos se están agravando peligrosamente. Desde que estalló el escándalo del "petrogate" como consecuencia de la revelación de audios suministrados por fuente anónima a la prensa, han empezado a filtrarse en la prensa otros casos de presunta corrupción igualmente basados en el infame "chuponeo", tanto de conversaciones telefónicas, cuanto de correos electrónicos.Junto a materiales eventualmente ciertos, en cuanto a que eran grabaciones y copias de comunicaciones reales, se ha hecho evidente que circulan también piezas fraguadas deliberadamente. Y el día de ayer ha quedado demostrado que la interceptación delictiva sí alcanza a por lo menos un teléfono de Palacio de Gobierno. En este contexto hay aspectos que requieren revisarse con muchísimo cuidado.Primero está el debate sobre el papel de la prensa, en torno al cual nuestra posición es muy precisa: sí apostamos por el periodismo de investigación cuando este trabaja sobre bases éticas que privilegian no solo los manuales de estilo sino también la Constitución y las leyes, y cuando la prensa no se deja manipular por argumentistas anónimos que tienen una agenda propia e intereses desconocidos, que nada tienen que ver con la moralización rectamente entendida.En segundo término se ubica la falsa dicotomía entre corrupción versus interceptación. Por supuesto, creemos en la urgencia de investigar toda forma de corrupción pública o privada y de establecer las sanciones más ejemplares posibles. Pero eso no puede desviar al Gobierno ni a la prensa del afán prioritario de develar el misterio de quiénes son los interceptadores; con mayor razón cuando los especialistas han dejado en claro que todo apunta a una red amplia, sofisticada y costosa en la que habría intereses no únicamente comerciales, sino eventualmente agentes extranjeros.Por eso, si bien entendemos que el presidente García sostiene que a él personalmente no le afecta el "chuponeo", debemos llamar la atención de que por su alta investidura tiene que ser mucho más preciso. Una cosa es que tenga la certeza de que los escándalos en curso nada tienen que ver con su persona, y otra que parezca que está relativizando la gravedad de la interceptación inconstitucional de las comunicaciones.El jefe del Estado debe recordar aquello que bien explica nuestro director general, Francisco Miró Quesada Cantuarias, cuando dice que hay dos tipos de gobernantes: el filósofo, es decir, el que gobierna a partir de los principios, y el timófilo o el que gobierna con un exceso de pragmatismo, adecuando su discurso según las características de la audiencia del momento.Lo que está ocurriendo en el Perú quizá no sea del todo nuevo, pero la reacción precisamente ética del Gobierno, así como la voluntad efectiva del Parlamento y la eficiencia tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial deben confluir en un cometido central: descubrir, detener y sancionar a aquellos que desde las sombras están extorsionando a políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos en general por la vía de ver y escuchar ilícitamente sus comunicaciones. Y en cuanto a la corrupción, que igualmente se investigue y sancione, pero no olvidemos que es tan delincuente y corrupto el que coimea para contratar con el Estado como el que tolera y hace eco cómplice de lo que le alcanzan los mafiosos "chuponeadores".La democracia debe defenderse por igual de esos personajes que el presidente ha llamado "ratas", pero también de aquellos malvados anónimos que pervierten la garantía constitucional a la privacidad de las comunicaciones.